Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión por su participación en el 'Parlamento de Hong Kong' no oficial. La medida ha provocado una fuerte condena de Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, quienes ven las recompensas como un ataque a la libre expresión y un ejemplo de represión transnacional. Muchos de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong más allá de sus fronteras. Los críticos argumentan que estas acciones socavan las normas legales internacionales y amenazan la seguridad de los activistas en el extranjero. Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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