Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing. Las personas señaladas están vinculadas al 'Parlamento de Hong Kong', un grupo no oficial que aboga por reformas democráticas. Los gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia han condenado enérgicamente la medida, calificándola como un acto de represión transnacional que amenaza las normas legales internacionales y la soberanía de otros países. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong son un intento de silenciar la disidencia e intimidar a los activistas en todo el mundo. La controversia ha desatado una importante reacción diplomática y renovado preocupaciones sobre el alcance global de China en la represión de la oposición política.
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