Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y otras naciones occidentales, que lo ven como un acto de represión transnacional y una violación de las normas legales internacionales. Muchos de los activistas señalados residen en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong más allá de sus fronteras. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la libertad de expresión y socavan la soberanía estatal. La controversia ha aumentado las tensiones diplomáticas y renovado llamados a la protección de los hongkoneses en el extranjero.
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