Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y de participar en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y otras naciones occidentales, que ven las recompensas como un acto de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que Hong Kong, bajo la influencia de Beijing, está atacando la libertad de expresión y la participación política más allá de sus fronteras. Los activistas, muchos de los cuales son ciudadanos o residentes de países como el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, ahora enfrentan un riesgo personal significativo. La controversia ha tensado aún más las relaciones entre Hong Kong y los gobiernos occidentales, que han prometido apoyar a las personas señaladas.
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