Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero. Los activistas, muchos de los cuales están basados en el Reino Unido, Australia, Canadá y otros países, son acusados de subversión y de estar involucrados con el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que aboga por reformas democráticas. Los gobiernos occidentales, especialmente el del Reino Unido, han condenado la medida como un acto de represión transnacional y una violación de las normas legales internacionales. Las recompensas han aumentado las tensiones entre Hong Kong y varias naciones occidentales, que argumentan que la represión socava la libertad de expresión y la participación política en el extranjero. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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