Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero. Los activistas son acusados de subversión y delitos de seguridad nacional, en gran parte debido a su participación en el 'Parlamento de Hong Kong', un grupo en el extranjero que aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido una fuerte condena por parte del Reino Unido y otros países, que acusan a Hong Kong y China de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la libertad de expresión y la participación política más allá de las fronteras de Hong Kong. La controversia destaca las tensiones crecientes entre el gobierno de Hong Kong y la comunidad internacional en relación con los derechos humanos y las libertades políticas.
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