Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y anunciado recompensas por 19 activistas pro-democracia en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing. Los activistas, muchos de los cuales están involucrados en el grupo 'Parlamento de Hong Kong', son acusados de organizar actividades políticas no oficiales en el extranjero. Se ofrecen recompensas de hasta HK$200,000 por información que conduzca a su arresto, marcando la mayor acción de este tipo contra disidentes exiliados hasta la fecha. La medida ha recibido fuertes condenas de gobiernos extranjeros, incluido el Reino Unido, que lo ven como un acto de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong son un intento de silenciar la disidencia e intimidar a los activistas incluso más allá de sus fronteras.
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