En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de la ONU, declaró que los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a tomar medidas contundentes contra el cambio climático. La corte determinó que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente podría considerarse un acto internacionalmente ilícito, abriendo la puerta para que los países, especialmente los principales contaminantes, enfrenten demandas y paguen reparaciones a aquellos afectados por los impactos del clima. La opinión, impulsada por años de defensa de las naciones insulares del Pacífico y activistas juveniles, afirma que un ambiente saludable es un derecho humano y que todos los estados deben actuar con la debida diligencia para evitar que el calentamiento global supere los 1.5°C. El fallo no es vinculante, pero establece un poderoso precedente legal que podría influir en futuras litigaciones climáticas y negociaciones internacionales. Los expertos dicen que esta decisión marca un punto de inflexión en la rendición de cuentas y la justicia climática a nivel mundial.
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