La Ley de Daños en Línea, o Proyecto de Ley C-63, aumenta las posibles penas de cinco años a cadena perpetua. También aumenta la pena por la promoción deliberada del odio (un delito peligrosamente mal definido) de dos años a cinco años. Los cambios propuestos constituyen una duplicación del compromiso de Canadá de reducir la libertad de expresión de los ciudadanos a pesar de las críticas de muchos miembros de la comunidad de libertades civiles. También existe una opción escalofriante para el arresto domiciliario si un juez cree que un acusado “cometerá” un delito. Es decir, si un juez piensa que un ciudadano no se dejará intimidar e intentará volver a hablar libremente. El ministro de Justicia, Arif Virani, empleó la misma histeria para convencer a los ciudadanos de que entregaran sus libertades al gobierno. Expresó lo aterrorizado que estaba ante el potencial de la libertad de expresión y afirmó que está “aterrorizado por los peligros que acechan en Internet para nuestros niños”. No es probable que esto termine ahí. Hoy la razón es el genocidio. Sin embargo, una vez que las nuevas penas entren en vigor, muchos otros grupos exigirán un trato similar para quienes tienen opiniones opuestas sobre sus propias causas. Esta ley ya aumentó las penas por cualquier cosa que se considere discurso de odio. La ley surge después de que Canadá impidiera que una disidente rusa se convirtiera en ciudadana debido a su violación de las leyes rusas contra la libertad de expresión. En un acto revelador, el gobierno dijo que la misma conducta (es decir, la libertad de expresión) podría ser un delito en Canadá. De hecho, ahora podría recibir un castigo aún más severo.
